* Por Violeta Assiego

Cinco cosas que han de cambiar ahora que ‘hijas e hijos’ también son víctimas de la violencia de género

1.- Son víctimas sí o sí, hayan presenciado o no los hechos

Hasta que no se aprobó la Ley de la Infancia y la Adolescencia, la calificación de víctima de violencia de género a las hijas e hijos de la mujer dependía de que aquellos hubieran o no presenciado los incidentes contra su madre. Esta nueva perspectiva es determinante, máxime cuando se sabe que en muchas ocasiones los niños son utilizados por el maltratador para ejercer violencia contra la madre con aquello que más les duele: sus hijos.

A partir de ahora, al ser identificadas como una víctima de la situación denunciada, siempre deberá tomarse declaración a las hijas e hijos de la mujer. Por tanto, los jueces deberían estar pronunciándose (en la actualidad) sobre las medidas cautelares que pueden garantizar la seguridad, integridad y recuperación del menor, además de la de la mujer. Se deberá también realizar un seguimiento periódico de la evolución del caso.

2.- Las medidas de protección civiles tienen que empezar a reflejar este avance legal

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género tiene pendiente publicar los datos del último trimestre del 2015. Estos deberían reflejar un cambio de tendencia en el número de medidas de protección de las víctimas al incluirse como tales a hijas e hijos.

En los tres primeros meses de 2015 poco más de un 3% de las medidas de protección civiles fueron para suspender el régimen de visitas. La suspensión de la guarda y custodia se ha dado en un 7,1% de los casos mientras que las relacionadas con la patria potestad apenas alcanzaron el 0,5%. Un porcentaje muy similar (0,7%) corresponde a las medidas de protección al menor de edad para evitarle un peligro o perjuicio. En todos estos supuestos destaca el escasísimo porcentaje de medidas dictadas como cautelares.

3.- Las creencias sexistas de los operadores jurídicos no pueden interferir en sus decisiones

Los datos del Observatorio contrastan sobremanera con los de la última Macroencuesta publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). En más de la mitad de los hogares en los que la mujer ha sido víctima de violencia física o económica, vivían menores (52,2% y 51,2%, respectivamente). Cuando la violencia es psicológica de control (44,1%) o emocional (43,5%), los porcentajes son algo inferiores. En conjunto, el 64,2% de las mujeres dice que sus hijos/as han sufrido directamente maltrato psicológico, físico o sexual. Lo más preocupante es que el 68,1% las mujeres que han padecido la violencia sexual, declara que sus hijos/as menores también han sido víctima de violencia.

Es necesario que los operadores jurídicos se desempolven de las creencias que les impiden concebir que el sujeto que maltrata a su pareja o ex pareja es automáticamente un buen padre por el hecho de serlo. En el año 2005, la Fiscalía establecía en una Circular que «fijar la suspensión absoluta del régimen de visitas del agresor para con los hijos puede no resultar oportuna ya que se puede romper, de manera inadecuada, una relación paterno-filial bien estructurada». Son este tipo de creencias estereotipadas y los falsos mitos sobre la violencia de género los que deben ser superados por los responsables de nuestro sistema judicial.

Los menores de edad, y las consecuencias que sobre ellos tiene la violencia de género, son prácticamente invisibles todavía a pesar de estos avances. Un ejemplo es que hasta hace unos meses no se les ha reconocido su estatus de víctimas y hasta el año 2013 no empezaron a aparecer en las estadísticas del Ministerio. Desde esa fecha, sabemos que son los 13 menores asesinados (que pueden ser 19 porque hay 6 casos investigándose) y 137 los que se han quedado huérfanos de madre. Pero no sabemos mucho más.

4.- Los huérfanos de ‘las asesinadas’ deben ser tratados como víctimas del terrorismo

Una de las modificaciones incorporadas por la Ley de Infancia y Adolescencia ha sido confirmar que los menores de edad puedan cobrar la pensión de orfandad completa. Queda sin resolver que ésta pueda cobrarse de manera inmediata por parte de los adultos que asumen su guarda y custodia. Este es otro de los puntos calientes, la lentitud de los trámites incluidos los de la concesión de esa guarda, algo que provoca –en no pocas ocasiones- que los niños, niñas y adolescentes deban permanecer en centros de protección a pesar de contar con un entorno familiar que les puede arropar y tutelar. Sin duda, las ayudas y beneficios fiscales es otro de los temas pendientes. Hacerlo a semejanza del tratamiento que reciben los huérfanos del terrorismo ya no es que sea cuestión de justicia es que sería lo más rápido y eficaz puesto que lo que hasta ahora está sucediendo es que estas niñas, niños y adolescentes quedan a su suerte, desamparados del Estado.

5.- Se necesitan estadísticas y estudios que hablen de las hijas e hijos víctimas de la violencia de género

Resulta muy complicado poder tener una idea clara de cómo está impactando la violencia de género en las hijas e hijos víctimas. La terrible casuística a la que se enfrentan día a día los profesionales que trabajan en contacto con esta realidad apenas queda reflejada en una base documental que permita a los operadores jurídicos, a los partidos políticos y a diversos agentes sociales conocer los entresijos de un tipo de violencia que, al ser estructural, requiere de un análisis y estudio mucho más exhaustivo de lo que hasta ahora se está llevando a cabo. A modo de ejemplo, sería necesario que en la próxima Macroencuesta se incorporara (al menos) dentro de la variable de convivencia de cada uno de los tipos de violencia, el número de hijos/as que la mujer tiene. Asimismo, habrá que reconsiderar cómo se está recogiendo la información relativa a las medidas de protección, especialmente la suspensión del régimen de visitas puesto que nada queda recogido sobre el cumplimiento de estas medidas por parte de los maltratadores (presuntos, denunciados o condenados).

No puedo concluir sin decir una obviedad: no deben escatimarse medidas para garantizar la integridad, no solo física o psicológica sino también sexual, de las menores de edad. Si estamos ante una violencia que viene provocada por el género de la víctima no tengamos miedo a mirar más allá. Sería bueno que no necesitáramos ver para creer, nos evitaríamos casos como el de la bebita de 17 meses. Hay hombres corrientes que matan a las mujeres y dañan a sus hijas e hijos. Todos ellos argumentos suficientes como para exigir que haya un Pacto de Estado. De otra forma, no habrá manera de frenarlo. Mientras son ya 8 las mujeres asesinadas y 3 los menores huérfanos en el primer mes del año. Para que esto deje de ser una cuestión de ‘Poder’ y pase a ser una cuestión de ‘Querer’ hacen falta mucho más que dos, hace falta el conjunto de la sociedad.

(*) Violeta Assiego, es abogada e investigadora en vulnerabilidad social y DD.HH.

Photo. www.morguefile.com

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