Cristina Fernández *
¿Por qué evaluar?
En un tiempo dónde se ha puesto en evidencia, cómo la política ha dejado de ser una herramienta para servir al pueblo, defender sus derechos y necesidades y garantizar el mejor futuro posible a las nuevas generaciones; en un momento histórico dónde la ciudadanía está padeciendo el coste humano, social y económico que supone la inexistencia de una verdadera separación de poderes y de instrumentos de vigilancia y rendición de cuentas eficaces, transparentes e independientes, la evaluación de las políticas públicas se revela como un recurso imprescindible para garantizar todo aquello de lo que nuestra política ha adolecido durante décadas, un conocimiento riguroso y notorio que nos arroje luz acerca de cuestiones claves que permitan saber de forma precisa, sistemática, incluso científica, si nuestros gobernantes cumplen con la responsabilidad que se les ha conferido, si lo hacen honestamente, según las prioridades de la ciudadanía y en estricto cumplimiento de las leyes.
Pero no solo debemos evaluar para poder tener criterios válidos y suficientes, que nos ayuden a decidir si los responsables políticos han hecho bien su trabajo y por tanto se merecen o no nuestra confianza futura; ante todo tenemos que perseguir y aspirar a la mejora continua de nuestras políticas públicas, de nuestros servicios públicos, de la administración del Estado y la gestión de los gobiernos. De hecho, tenemos que evaluar para conocer y comprender las debilidades y los errores cometidos a lo largo del proceso de diseño e implementación de las políticas, identificarlos y encontrar la mejor forma de corregirlos para prosperar.
La mejora a través de una acción evaluativa constante, debería convertirse en una parte inherente y transversal de la política española. Nos hemos vuelto sedentarios en nuestras exigencias, en la petición de explicaciones, en la reivindicación del derecho del pueblo a conocer lo que hacen aquellos en quienes delegamos nuestro poder soberano. Ahora, impregnados de corrupción, escándalos políticos, financieros y ante una situación de emergencia social, más que nunca muchos reivindicamos transformación y cambio ético, cívico y profesional por parte de aquellos que aceptan trabajar y servirnos como sociedad, y no hay mejor instrumento para vigilar y garantizar la rendición de cuentas a la ciudadanía, que la evaluación de las políticas públicas y la acción gubernamental.
¿Qué aporta la evaluación?
Se puede afirmar con rotundidad, que la evaluación le confiere más legitimidad a la acción de gobierno, pues pone en evidencia sus fortalezas y debilidades, los aciertos y los errores, pero muy especialmente la evaluación nos ayuda a comprender las razones que han conducido al éxito o fracaso de toda decisión y acción política, proporcionándonos de este modo las claves que nos permiten corregir y reorientar las decisiones o los procesos en marcha.
La evaluación confiere además garantía de transparencia sobre los criterios y motivaciones que sustentan cualquier decisión tomada, ofreciendo aclaraciones fundamentales y exigibles en cualquier país democrático, a una ciudadanía que debe poder confiar en sus representantes y servidores públicos. Evaluar favorece también una gestión de las políticas públicas orientada de forma incuestionable hacia el interés público, como horizonte fundamental de cualquier política, ley, o acción gubernamental; proteger las necesidades y los derechos de la ciudadanía, tiene que ser el objetivo principal de todo responsable político; y a ella la evaluación debe servir y favorecer.
Finalmente, la evaluación nos asegura la limpieza en los procesos de elección de cargos públicos y gubernamentales de toda índole y condición, comprobando que siempre se desarrollen bajo el amparo del mérito y la capacidad de los elegidos, y no el interés personal o partidista al que las actuales formas políticas en España nos tienen tan acostumbrados.
Finalmente cabe resaltar, que la esencia de la democracia radica en el control efectivo de los ciudadanos a sus gobernantes, pues es en el pueblo donde reside la soberanía y por ello, la evaluación no solo tiene que incorporarse orgánicamente a todos los niveles administrativos y políticos, sino que debe concebirse como una herramienta fundamental para acercar lo gubernamental a lo cotidiano, convirtiendo a la ciudadanía en el destinatario final, en la audiencia última de cualquier evaluación.