* Por Adrián Bustos
En el último año hemos asistido a varios sucesos dramáticos que han puesto todos los focos en las actuaciones que los centros educativos despliegan ante situaciones de violencia y acoso entre iguales.
Algunos casos de acoso escolar pueden generar resultados dramáticos. Conocimos así el caso de Alan, un joven transexual de Barcelona, que acabó por suicidarse a la edad de 17 años. Otra estudiante de un Instituto de Madrid, Arancha, se quitó la vida también a los 16 años por el mismo motivo. El último de estos casos, quizás el más conmovedor debido a su corta edad es el de Diego, de 11 años y también residente en Madrid. Su historia ha tenido mucho impacto mediático al conocerse su sobrecogedora carta de despedida. El caso de Diego, investigado por el Juzgado de Leganés, fue archivado y posteriormente reabierto al descubrir nuevas informaciones para, finalmente, volver a ser archivado hace unos días.
Ante las noticias aparecidas en prensa, el centro escolar donde estudiaba Diego preparó una charla informativa para las familias, invitando para ello a un forense que vino a explicar (minimizando el episodio) que de “toda la vida en los colegios ha habido peleas”.
Ciertamente, varias noticias más aparecieron en prensa a raíz de este caso, para confirmar que esa situación sí era en realidad habitual en el centro. En otras dos publicaciones se informa de que otras dos niñas pudieron haber sufrido acoso por parte de sus compañeros y compañeras, recibiendo idéntica respuesta por parte de esa institución escolar: ninguna.
Las explicaciones emitidas por parte del centro cuando estas alumnas denunciaron su situación se centraban en restarle importancia, mediante explicaciones como “todo se arreglará, son cosas de niños”. Sorprende especialmente el testimonio de la familia de una de estas alumnas, que explica que la Dirección del centro les recomendó que “dejaran de decir que su hija estaba sufriendo acoso” ya que “la niña estaba fingiendo”.
El acoso escolar parece haberse convertido en los últimos años en algo habitual en los centros escolares. Al menos así se desprende de un informe de UNICEF (Hidden in plain sight) que revela que el 14% del alumnado en nuestro país sufre bullyng o acoso escolar, y que el 35% se ha visto envuelto en peleas físicas con sus iguales.
Sin embargo creo que es importante no obviar que el hecho de que una conducta ocurra con relativa frecuencia en nuestras aulas no significa que no haya que intervenir ante dichas situaciones. No hay que olvidar que nada exime de su responsabilidad al profesorado y a la dirección de los centros educativos en estas situaciones, sino más bien al contrario.
Al menos así lo entiende un Juzgado de Cáceres, que instruye la causa contra tres maestras de un colegio concertado al entender que hay indicios de un delito “contra la integridad moral por omisión” ante la inacción en un caso de acoso que estaba sufriendo un alumno del centro.
Así lo entiende también la propia Consejería de Educación que dictaminó en un informe que el director del Instituto Público de Arancha incumplió el protocolo al conocer su situación de acoso y no haber elevado la denuncia a la Inspección Educativa. En esta ocasión se destituyó no sólo al Director del centro, sino a todo el Equipo Directivo.
El referido protocolo de actuación frente al acoso escolar de la Comunidad de Madrid es muy claro al respecto, y obliga a toda persona que tenga conocimiento de dicha situación a informar a la dirección del centro. Ésta, a su vez, tiene la obligación de iniciar las actuaciones correspondientes, informando a tutores y familia, tomando las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la víctima y por último dando traslado a la Inspección Educativa y, en casos de extrema gravedad, a la Fiscalía de Menores.
En dicho protocolo se define explícitamente el acoso escolar como: “toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte de otro u otros, que se colocan en situación de superioridad, con el fin de aislarlo, humillarlo y someterlo”.
Además de esto, en un anexo al documento se establecen una serie de indicadores que, mediante la observación del profesorado, servirían para identificar dichas situaciones, tales como: aislamiento o exclusión del alumno/a, situaciones de humillación, continuidad de las agresiones o agresividad creciente.
Resulta imprescindible comprender que la prevención y la intervención temprana en casos de violencia entre iguales son imprescindibles en dos sentidos: 1) para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y 2) para abordar la violencia entre iguales desde el ámbito educativo.
Desde la perspectiva de los derechos de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño (NN.UU, 1989) determina que los niños y niñas deben gozar de protección especial, siendo protegidos frente a toda situación de crueldad. Asimismo dicha Convención determina que el interés superior del niño (y la niña) deberá ser el principio rector, a la hora de tomar cualquier decisión, de quienes tienen responsabilidad en su educación.
Desde la perspectiva educativa, la teoría del aprendizaje social es concluyente: los niños y niñas son más propensos a manifestar conductas violentas cuando estas son legitimadas por los adultos (por ejemplo mediante la observancia pasiva del profesorado ante conductas de agresión e insultos entre su alumnado).
Por estos dos motivos, si el profesorado de un centro escolar no interviene ante una situación de maltrato entre niños y niñas, no sólo está vulnerando sus derechos como tales, sino que además está contribuyendo a generar y reproducir actitudes violentas en su alumnado.
Más grave resulta la pasividad ante el acoso escolar cuando es la propia Dirección del centro la que, haciendo dejación de sus funciones, no actúa de manera adecuada ante situaciones de vulnerabilidad. Por todo esto, la actitud que pretende normalizar las conductas de agresión verbal o física entre compañeros y compañeras resulta especialmente grave, ya que impide el reconocimiento como víctima a quien sufre el acoso, negando a ésta la capacidad de afrontar la situación.
Intentar hacer pasar las peleas entre niños y niñas por algo «normal» atenta no sólo contra cualquier principio pedagógico, sino también contra los más elementales derechos de la infancia. Estas actitudes deben ser rechazadas en todos los ámbitos, pero sobretodo deben serlo en la escuela si queremos una sociedad libre de violencia.
¡Ni uno más!, ¡Ni una más!
(*) Adrián Bustos, Educador Social, Psicopedagogo y Máster en Psicología de la Educación.