* Por Marta Martínez Muñoz
De la exigencia del derecho al ejercicio de la participación
Desde que en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) viera la luz, las distintas experiencias en torno a la participación infantil han ido evolucionando, con más o menos impacto, desde la exigencia y demanda del derecho a la participación protagónica hacia la consecución del objetivo final del ejercicio pleno de la misma. En la región latinoamericana las experiencias actuales de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) están ahora más conceptualizadas en relación a su empoderamiento en materia de políticas públicas, y el componente organizativo se conforma como un elemento clave para conseguirlo. En este sentido, varios proyectos en la región, en los que he tenido la ocasión de participar (en el comité científico o como evaluadora externa respectivamente [1]), han sido un aprendizaje regional que permite afirmar que estas experiencias organizativas ayudan a la conformación de ciudadanos y ciudadanas concientizados, y con las capacidades necesarias para contribuir al desarrollo común.
En primer lugar, porque las organizaciones de niños, niñas y adolescentes -principales sujetos de derechos- han contribuido a fortalecer sus capacidades y han sido una plataforma adecuada para la labor de incidencia pues han tomado como referencia a un colectivo, a un espacio de cooperación estable y no a individuos aislados. Durante la implementación de estos proyectos se han considerado igualmente mecanismos para que las organizaciones de NNA se nutrieran de las expectativas, aportes y sueños de NNA que no están organizados y se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Es decir, las organizaciones de NNA han dinamizado los procesos, llegando a las instancias públicas de toma de decisiones, llevando su voz como colectivo y las de los NNA de sus comunidades. Las Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNAS) y sus redes, han incrementado su capacidad de incidencia, su capacidad de influir en las agendas y espacios públicos, y se ha legitimado su posicionamiento, en tanto que representan a colectivos, ampliando la cobertura de su representación ya sea esta de carácter distrital, municipal, regional o internacional.
No obstante lo anterior, no es posible fortalecer una organización sin mejorar las capacidades de sus miembros, tanto en el conocimiento de sus derechos, como en la identificación de las situaciones de violaciones de los mismos y en los recursos para expresarse. La participación cobra sentido cuando se ejerce en colectivo. Estas acciones han permitido disminuir las implicaciones del paradigma de las culturas de la infancia como objeto de protección (cultura de la minoridad entre otras) y aumentar sus capacidades para monitorear el estado de sus derechos tanto en su ejercicio como en su denuncia y exigibilidad, y es notable la capacidad de análisis de los NNA sobre la situación de los derechos, en sus contextos más inmediatos pero también en aquellos que les resultan más remotos.
Pese a los indudables avances en la región latinoamericana, una de las acciones priorizadas en el trabajo con la infancia sigue siendo la incidencia en los sistemas nacionales y locales de prevención y protección, atendiendo al primero de los principios de la CDN, para que prevalezca el superior interés de los NNA en la interpretación, aplicación e integración de toda norma así como en la toma de decisiones judiciales y administrativas. La interacción con los actores que forman parte de los sistemas incrementa los conocimientos tanto de los NNA como de los mismos agentes, contribuyendo a fortalecer los procesos de descentralización de los servicios de prevención y protección, proceso aún en curso en varios países de la región.
Cabe igualmente preguntarse hasta qué punto se ha encontrado eco de estas acciones en la gestión del sistema local, y si éste se ha visto mejorado buscando una mayor pertinencia y acceso desde un Enfoque de Derechos. Especial consideración merece, por ello, la focalización de las acciones en colectivos de infancia “outsider childhood” o tradicionalmente invisibilizados en diferentes países como han sido los niños callejeros, o trabajadores, niños migrantes internos, indígenas o niños en riesgo de ser captados por pandillas o maras prestando una mayor atención a las perspectivas de estos NNA desde lógicas tanto de prevención, como de promoción y participación de los sistemas.
La consolidación de espacios de participación en los contextos más adversos se ha centrado en la generación de condiciones para la creación de instancias consultivas que permitan la formalización e institucionalización de la participación protagónica de las ONNAS, a través de diversos medios como las ordenanzas locales, los acuerdos políticos o la legislación nacional. Esto implica una reducción de las formas de discrecionalidad -de las autoridades políticas- a la hora de que la participación sea reconocida formalmente como un derecho y no como una “concesión o arbitrio adulto” o como un mero formalismo, o como «vistosa flor de un día» haciendo cumplir con el mandato de los titulares de obligaciones y contribuyendo a fortalecer las dinámicas de la democracia, la ciudadanía y el buen gobierno en la toma de decisiones.
Por último, desde la lógica de la universalización inherente a los Derechos Humanos, la participación, e incluso su institucionalización, en espacios regionales e internacionales como las audiencias temáticas de la CIDH, los Congresos Panamericanos o en estructuras de integración regional como el MERCOSUR, son algunos de los hitos más relevantes que ya marcan un antes y un después en la participación protagónica de los NNA [2].
En la actualidad, hay dos proyectos en curso en la Región latinoamericana a los que conviene seguir la pista:
–> Proyecto Regional Redes Sur. Denominado “Reforzando redes representativas de la sociedad civil en Latinoamérica, en la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolecentes” (ha iniciado en mayo de 2014 y cuenta con financiamiento de la Unión Europea), tiene como objetivo principal reforzar las redes representativas de la sociedad civil, tanto a nivel local (nacional) como regional (latinoamericano), permitiendo el sostenimiento y potenciación de acciones dirigidas al desarrollo democrático respetuoso de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. La propuesta plantea consolidar una plataforma regional conformada entre cinco coaliciones nacionales: Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia (Argentina), Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente – ANCED (Brasil), Comité de los Derechos del Niño (Uruguay), Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Paraguay), Defensa de Niñas y Niños Internacional (Bolivia) en coalición con DNI Regional de América Latina.
–> Proyecto Regional Redes Centroamérica. El Proyecto “Centroamérica en Red por los Derechos de la Niñez” (iniciado en febrero de 2013, tiene una duración de tres años y cuenta igualmente con financiamiento de la Unión Europea) y se ejecuta desde la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá (REDNANIAP) en alianza con Plan International. La REDNANIAP [3], se trata de una ONG (creada en el año 2002) e integrada por 34 organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia en Panamá. El proyecto busca contribuir a la promoción de una sociedad global, democrática e inclusiva a través de la promoción del diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los grupos organizados de adolescentes con las autoridades locales y provinciales, fortaleciendo los mecanismos de integración nacional en Panamá.
En la próxima entrada, abordaré en qué medida las ONNAS han ampliado su representatividad, o cómo están incidiendo en las políticas públicas y las formas en las que aumenta la calidad y cantidad de la participación de las ONNAS en los niveles locales, nacionales y regionales.
[1] “El Trabajo de Crecer” ejecutado por la ONG MLAL en Perú, Bolivia y Colombia junto con las organizaciones de NATs y “La participación de los niños/as en la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y con mayores capacidades para prevenir y hacer frente a las violaciones de los derechos de los niños/as” (Protagonistas) ejecutado por Save the Children en Perú, Paraguay y El Salvador. Ambos proyectos han sido financiados por la UE en la convocatoria: “Invertir en los ciudadanos: los niños” y ejecutados entre 2010 y 2014 en la región latinoamericana.
[2] XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Eje Temático 3: La participación infantil y adolescente en la construcción de la ciudadanía y la incidencia en las políticas públicas. Resumen Ejecutivo.
[3] La Red forma parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de Panamá, al igual que de la Junta Directiva de La Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia (SENIAF), el Comité Para La Prevención de los Delitos Sexuales (CONAPREDES), el Comité Para La Erradicación del Trabajo Infantil (CETTIPAT) y el Comité Nacional de Asignación de Adopciones.
* Marta Martínez Muñoz. Socióloga y Evaluadora. Especialista en Derechos de la Infancia. Socia co-fundadora de Enclave.