* Por Marta Martínez Muñoz
En 2014 escribía Pablo Simón en Politikon que el derecho al voto a los 16 años es un tema muy poco presente en el debate político. A la vista está esta ausencia habiendo sido este año 2015, uno de los de mayor intensidad electoral de los últimos tiempos. Sin embargo, se dan ahora varias circunstancias que nos llevan a reflexionar al respecto y a sugerir la pertinencia de abrir el debate: la campaña electoral para las próximas elecciones generales del #20D coincide con la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (20 de noviembre) y con el 26 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (NN.UU.1989)- ratificada por España en 1990-.
Entre otros muchos derechos (sociales, económicos, culturales) la Convención recoge en los artículos 12 a 17 derechos civiles o políticos para todos los menores de 18 años (opinión, participación, asociación libertad de conciencia y , libertad de información); la efectividad de estos derechos en España ha tenido menor recorrido que otros.
Si bien la mayoría de los países han establecido la edad mínima para el voto, en 18 años, existen algunas diferencias puntuales. Algunos de los países en los que el derecho a voto se alcanza a una edad más temprana son Irán (15), Cuba (16), Indonesia y Argentina (17) [1]. En Bolivia y Ecuador el voto (de carácter obligatorio) es optativo entre los 16 y 17 años. Otros países en los que el derecho a voto se alcanza a una edad más tardía son por ejemplo, Jordania (19), Camerún y Japón (20) y Costa de Marfil, Kuwait, y Sierra Leona (21).
En Europa, a la fecha, solo dos países tienen reconocido el derecho al voto a los 16: Austria (desde 2007) y Chipre (donde el voto además es obligatorio). En el referéndum escocés de octubre de 2014 también se convocó a los mayores de 16 años.
En esta línea, el pasado 12 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó por 323 votos a favor (frente a 276 en contra) un informe que llama al voto a los 16 años y a finales de este mes se prevé una recomendación del Consejo Europeo en la misma línea. Se trata de una iniciativa que contempla la armonización de las reglas electorales en los países de la Unión.
Las tesis defensoras de la reducción de la edad para el ejercicio del sufragio que equiparan derechos y obligaciones (por ejemplo, la posibilidad de trabajar a los 16 años, coincidiendo con la edad de finalización de la enseñanza obligatoria) deberían de hacerse espacio en el debate político. Esto conllevaría varios beneficios, por citar solo alguno de ellos: conseguir una mayor vinculación entre el interés en la política y la participación directa en la toma de decisiones o aumentar la sensibilidad de los partidos políticos a las demandas de orden político, económico y social de los más jóvenes. Las y los jóvenes lo han expresado en diversas ocasiones en el marco de diferentes movilizaciones de estudiantes en España. Son contundentes: “Si pudiéramos votar, los políticos pensarían más en nosotros”.
En España, han apostado de momento por ello, el Sindicato de Estudiantes o el Consejo de la Juventud de España. Una iniciativa del área de Juventud de Izquierda Unida (la campaña llevaba el lema “En la calle y en las urnas, nos rebelamos”) fue finalmente aceptada, y por primera vez, se incorporó al programa electoral de las pasadas elecciones generales de 2011 de dicha agrupación. “Proponemos avanzar en el derecho al sufragio, reconociéndolo a partir de los 16 años e incluyendo a las personas inmigrantes con dos años de residencia en el Estado español”. A la fecha, IU ha sido el único partido que ha incluido esta reivindicación en un programa electoral. En enero de 2012, el PSOE lo discutió en su ponencia marco del Comité Federal y en estos días se ha vuelto a abrir el debate al respecto (aquí y aquí) sin que hasta el momento se haya tomado una decisión sobre esta cuestión.
Casi nadie duda de que necesitamos un proceso de regeneración de la política que debe incluir también su rejuvenecimiento marcando tendencia en las democracias. La propia UE, como hemos mencionado, ya se ha sumado a ello. Además el reconocimiento del voto a los 16 años debería de entenderse como una forma de atajar el problema de la desafección que también los jóvenes y adolescentes sienten por las cuestiones políticas e incorporar a una buena parte de la ciudadanía a la construcción de la misma expandiendo sus derechos y promoviendo de una forma más gradual y formal el ejercicio de sus derechos políticos.
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son protagonistas de sus vidas y ya han sido reconocidos jurídicamente como sujetos políticos. Pero para hacer efectivo ese reconocimiento, es necesario que dejen de ser tratados con una lógica de minoridad, que tan instalada sigue en el imaginario adultocéntrico (el adultocentrismo es a la infancia como el patriarcado a las mujeres). Les cuento tan solo un indicador al respecto. Estos días, en el marco de diferentes debates, hemos visto como numerosos políticos usan el término “infantil” (que pertenece o es relativo a la infancia) como sinónimo para calificar actitudes irresponsables o inadecuadas de sus adversarios… Desde la historiografía o desde sociología de la infancia hemos dado buenas muestras de que los niños y niñas no son menores, son sujetos de derechos. Les dejo aquí una miscelánea de estas declaraciones cotidianas, expresiones que reflejan un microadultismo aún muy presente en el imaginario colectivo. Se salvan pocos medios de comunicación y sectores: semejantes declaraciones abundan en el mundo del deporte o la política. Así lo acreditan solo algunas recientes; juzguen ustedes mismos: aquí la Plataforma Feminista, aquí Albert Rivera, aquí el Partido Popular, aquí un Conseller de Hacienda, aquí un periodista deportivo y aquí Del Bosque y … aquí (aunque me apene) la alcaldesa de Madrid.
Muchos deberían dejar de asociar lo infantil con lo incapaz, la moratoria política (“son el futuro” dicen muchos aún), lo irresponsable, la minoridad, lo inmaduro, lo inacabado, los human becomings y apostar de forma responsable por abrir este debate en España. Desde la UE ya nos están lanzando un aviso en este sentido.
Si no nos ponemos juiciosamente a ello, quizás un día nos ocurra como en Perú, donde hace escasos días, los niños, niñas y adolescentes (de varias organizaciones lideradas por ellos mismos) irrumpieron de forma lúdica en el Congreso cansados de que, tras más de ocho años de trabajo sostenido de la campaña “Infancia Sin Castigo, Infancia Sin Violencia”, no haya habido aún un debate entre los parlamentariospara promover una ley contra el castigo físico humillante [2]. Se presentaron en el Congreso bajo el muy oportuno y audaz lema “Nos cansamos de esperar” porque cuando los chavales se organizan, lo sé de cierto, son imparables.
Puede que en España también se cansen de esperar y a algunos les va a pillar con su hegemónico adultismo aún no superado. Muchos jóvenes ya participan de la vida democrática de múltiples maneras… Puede que sean “menores” de edad para el ejercicio del voto, pero ya están haciendo política fuera del derecho al sufragio y construyendo su cultura de indignación. Debería de tener la misma importancia el interés de las y los jóvenes por la política como que la política se interese por ellos. Avisados quedan.
[1] Nota: En Argentina, el debate al respecto ha sido especialmente fructífero y se conformaron diferentes comités de jóvenes a nivel municipal, departamental y nacional. Puede encontrarse numerosa información en internet.
[2] Nota: Perú es aún uno de los pocos países de la región que no ha adoptado una ley sobre el castigo físico y humillante (aquí lo publicamos en su día).
Una versión más breve de esta entrada fue publicada en el Blog de El País el 20 de noviembre de 2015.
(*) Marta Martínez Muñoz, socióloga, evaluadora y activista en derechos de la infancia. Fundadora de Enclave.
© Ph. Coco Segura (Perú).